Titulares de seguridad supervisan estrategia operativa en Sinaloa

Este sábado, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezaron una jornada de supervisión estratégica en el estado de Sinaloa. El objetivo de la visita fue realizar una evaluación técnica del despliegue de las fuerzas federales y revisar los esquemas de inteligencia que se aplican actualmente en la región para contener la incidencia delictiva.

Durante los encuentros de trabajo, García Harfuch subrayó que la coordinación estrecha entre las instituciones federales y estatales es el eje rector de las acciones de seguridad. El secretario enfatizó que la comunicación constante entre los mandos permitirá realizar ajustes operativos en tiempo real, adaptándose a las dinámicas cambiantes que se han observado en diversas zonas del territorio sinaloense en meses recientes.

Las autoridades federales revisaron los puntos de vigilancia estratégica y los protocolos de actuación de la Guardia Nacional en coordinación con las fuerzas armadas. Según la información proporcionada por los equipos de trabajo, el enfoque central de la estrategia se mantiene en la neutralización de objetivos prioritarios y en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo que afecten a la población civil.

En cuanto a las acciones futuras, el gabinete de seguridad planteó la posibilidad de incrementar el patrullaje en zonas rurales y urbanas identificadas como puntos sensibles. Se discutió la necesidad de fortalecer los canales de información con las autoridades locales para asegurar que las intervenciones sean más efectivas y se garantice el orden público en los municipios donde se han concentrado los esfuerzos de vigilancia.

La comitiva federal reafirmó su compromiso de mantener una presencia constante en Sinaloa para supervisar que los protocolos de seguridad se cumplan conforme a la estrategia nacional vigente. Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento de las capacidades de investigación es fundamental para desarticular las redes que operan en la entidad, priorizando siempre la protección de los derechos humanos y la seguridad de los habitantes del estado.