Sheinbaum rechaza limitar el voto ciudadano por nivel educativo
La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la propuesta académica de restringir el sufragio basándose en el grado de escolaridad de los votantes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este lunes en contra de cualquier iniciativa que busque condicionar o restringir el derecho al voto de los ciudadanos según su nivel de formación académica. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a una propuesta planteada recientemente por Natalia Torres, académica de la Universidad Panamericana, quien sugirió abrir el debate sobre la posibilidad de limitar el sufragio a personas con mayor preparación educativa. Sheinbaum subrayó que el voto representa el ejercicio democrático más fundamental y universal en la nación.
La titular del Ejecutivo federal enfatizó que la democracia mexicana se sostiene sobre el principio de igualdad política, donde cada ciudadano cuenta con el mismo peso decisorio independientemente de sus condiciones sociales o grados escolares alcanzados. Según la postura expresada por la administración federal, cualquier intento de segmentar el cuerpo electoral contravendría los principios constitucionales vigentes y los derechos humanos fundamentales protegidos por las leyes mexicanas. La presidenta reiteró que la educación es un derecho, no una barrera para la participación política.
El equipo de comunicación de la presidencia señaló que la propuesta de la académica de la Universidad Panamericana carece de viabilidad en el marco jurídico actual, dado que el INE y la Constitución garantizan un sufragio universal, libre y secreto. Se destacó que la historia electoral del país ha avanzado precisamente hacia la eliminación de restricciones históricas que impedían la participación de diversos sectores de la población. Para el Gobierno de México, la madurez democrática se refleja en la inclusión y no en la exclusión de los votantes.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado a fortalecer la cultura cívica y la educación pública como herramientas para mejorar la calidad del debate político, en lugar de intentar restringir el acceso a las urnas. La postura oficial mantiene que la soberanía reside esencialmente en el pueblo y que cualquier modificación a las reglas del juego electoral debe ampliar los derechos de los mexicanos, bajo los principios de equidad y justicia social que rigen al Estado mexicano.
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