Sheinbaum desvincula detención de alcalde de Juchitán de denuncias previas

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló este sábado que la reciente detención del presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, se deriva de un proceso judicial fundamentado en órdenes de aprehensión vigentes por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Durante su conferencia matutina, la mandataria descartó que este operativo de seguridad esté relacionado con denuncias políticas presentadas en fechas recientes contra el funcionario municipal.

De acuerdo con la información presentada por el gabinete de seguridad, la captura fue ejecutada por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con las autoridades estatales de Oaxaca, tras una investigación prolongada sobre actividades ilícitas en la región del Istmo de Tehuantepec. La presidenta subrayó que estas acciones responden estrictamente al cumplimiento de mandatos emitidos por el Poder Judicial, los cuales buscan garantizar el estado de derecho y la tranquilidad en las zonas afectadas por la inseguridad.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que su administración mantiene una política de cero impunidad en todo el territorio nacional, independientemente de la filiación política de los involucrados. Sheinbaum Pardo reiteró que las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la República, continuarán con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades penales conforme a los plazos legales establecidos.

Por su parte, el equipo de comunicación de la Presidencia indicó que se brindará el apoyo institucional necesario al municipio de Juchitán para asegurar que la prestación de servicios públicos no se vea interrumpida tras la ausencia del alcalde. Asimismo, se hizo un llamado a la calma a los habitantes de la zona, asegurando que la presencia de las fuerzas federales se mantendrá reforzada para prevenir cualquier alteración al orden público durante el desarrollo del proceso judicial.

La presidenta concluyó que su gobierno no permitirá que las disputas políticas locales interfieran en la aplicación de la ley. La estrategia de seguridad seguirá enfocada en atender las causas estructurales de la violencia en Oaxaca, mediante la coordinación estrecha entre el gobierno estatal y las instancias federales encargadas de la procuración de justicia.