SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución determinante este martes, estableciendo que los casos relacionados con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben ser juzgados bajo una estricta perspectiva de género e interseccionalidad. Esta decisión judicial subraya que la aplicación de este enfoque no representa una opción para los juzgadores, sino una obligación constitucional indispensable para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en las investigaciones penales.

La máxima instancia judicial del país determinó que las autoridades involucradas en la procuración de justicia deben considerar las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres que desarrollan labores de defensa. Según el criterio emitido, el análisis debe contemplar no solo la desaparición como un hecho aislado, sino la relación intrínseca entre su labor social, el contexto de violencia sistemática y los riesgos diferenciados que enfrentan por su condición de género.

Esta resolución busca eliminar los sesgos institucionales que históricamente han dificultado la resolución de estos casos en las fiscalías estatales y en la Fiscalía General de la República (FGR). Al integrar la interseccionalidad, los jueces deberán ponderar cómo factores como la identidad, el entorno socioeconómico y la labor de activismo exacerban la exposición al peligro, obligando a que las investigaciones agoten todas las líneas de análisis posibles sin minimizar la relevancia del trabajo de las víctimas.

La SCJN enfatizó que omitir este análisis constituye una violación a los derechos humanos y contraviene los tratados internacionales ratificados por México. Con este precedente, las instancias judiciales del país quedan vinculadas a revisar los procesos en curso y los futuros expedientes bajo estándares que aseguren una protección reforzada, evitando la revictimización y garantizando la verdad en los procesos judiciales.

Este cambio en la doctrina judicial representa un paso significativo para las familias y colectivos que han exigido justicia en casos de desaparición forzada. La determinación obliga a un cambio operativo en la forma en que los tribunales valoran las pruebas y los contextos, exigiendo una capacitación continua para los juzgadores en materia de derechos humanos y perspectiva de género.