Sancionan a 55 vinculados con red financiera del cártel de Jalisco
Gobiernos de México y Estados Unidos desarticularon una red de financiamiento ligada al cártel de Jalisco, incluyendo a líderes criminales y servidores públicos.
Autoridades de México y Estados Unidos anunciaron este viernes una acción coordinada para desmantelar la estructura financiera del cártel de Jalisco, logrando la sanción de 55 individuos y entidades. Entre los señalados se encuentran altos mandos de la organización delictiva y diversos funcionarios públicos acusados de facilitar el flujo de recursos ilícitos a través de la corrupción institucional.
Esta operación conjunta, fundamentada en investigaciones de inteligencia sobre el lavado de dinero y el desvío de capitales, busca reducir la capacidad operativa de este grupo criminal. La estrategia involucra la congelación de activos y la restricción de transacciones bancarias, con el objetivo de cortar las vías de financiamiento que permiten la expansión de sus actividades ilícitas en diversas regiones del territorio nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en colaboración con agencias federales estadounidenses, ha intensificado el monitoreo de empresas fachada que, según los informes, eran utilizadas para ocultar el origen de los recursos. La Fiscalía General de la República ha iniciado las carpetas de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades penales contra los servidores públicos involucrados en este esquema de corrupción.
Representantes de las dependencias de seguridad han señalado que esta intervención es el resultado de meses de intercambio de información estratégica entre ambos países. Se espera que en los próximos días se presenten los detalles de las imputaciones legales ante el Poder Judicial, fortaleciendo el marco de cooperación bilateral en materia de seguridad financiera.
Esta medida representa un golpe significativo al pilar económico que sostiene la operatividad del cártel. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos de vigilancia en diversas entidades para prevenir posibles represalias derivadas de la interrupción de sus operaciones financieras y el aseguramiento de bienes vinculados a la organización delictiva.
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