PAN solicita juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional formalizó su petición ante el Senado para intervenir en Sinaloa tras el retorno a funciones del gobernador Rubén Rocha Moya.

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional presentó formalmente ante el Senado de la República una solicitud para iniciar un proceso de juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Asimismo, el instituto político demandó la desaparición de poderes en la entidad federativa, argumentando una crisis de gobernabilidad y seguridad que, a su juicio, impide el funcionamiento regular de las instituciones locales.
El requerimiento del PAN surge como respuesta al retorno a sus funciones del mandatario estatal, situación que ha generado diversas reacciones en la vida pública del país. La oposición sostiene que la actual administración sinaloense no ha logrado garantizar las condiciones de orden público necesarias para el ejercicio constitucional del gobierno, solicitando la intervención del Senado para evaluar la situación política de la entidad.
En su posicionamiento, la dirigencia panista instó a los legisladores del grupo parlamentario de Morena a respaldar el debate sobre estas propuestas en las cámaras correspondientes. El objetivo, según señalaron, es someter a revisión la actuación del Poder Ejecutivo local y determinar si existen los elementos jurídicos necesarios para proceder con las medidas de control constitucional que establece la legislación vigente.
La desaparición de poderes es una facultad exclusiva del Senado de la República que se contempla únicamente en casos donde los titulares de los poderes estatales quebranten los principios del régimen federal o abandonen sus funciones. Hasta el momento, el proceso se mantiene en la etapa de solicitud y requerirá de la revisión de las comisiones parlamentarias competentes para determinar si procede o no el análisis profundo de la crisis señalada por los representantes del PAN.
Por su parte, los representantes del oficialismo en el Congreso han señalado que cualquier proceso de esta naturaleza debe seguir estrictamente los cauces legales y no responder a fines electorales o políticos. El debate en el Poder Legislativo se perfila como uno de los temas centrales en la agenda nacional durante los próximos días, mientras la entidad sinaloense permanece bajo la atención de las autoridades federales de seguridad.
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