Imputan a exmandos policiales de Mexicali por desaparición forzada

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó este sábado sobre la vinculación a proceso de exmandos y agentes de la Policía Municipal de Mexicali. Entre los imputados se encuentran Pedro Ariel Mendívil García, quien se desempeñó como director de la corporación, y el excomandante general Luis Alfonso Jacobo, además de varios agentes operativos señalados por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada y ejecución de jóvenes en la entidad.

La investigación, iniciada tras diversas denuncias ciudadanas y el seguimiento de casos de personas no localizadas, sostiene que los servidores públicos habrían utilizado equipo y patrullas oficiales para interceptar a las víctimas en distintos puntos de la ciudad. Los fiscales presentaron pruebas que sugieren una coordinación sistemática para ocultar el paradero de los jóvenes, lo cual ha generado una profunda indignación entre los familiares de las víctimas y colectivos de búsqueda en Baja California.

Durante la audiencia de vinculación, el juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los implicados, considerando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. La defensa de los exservidores públicos ha solicitado un plazo para la investigación complementaria, tiempo durante el cual las autoridades estatales deberán fortalecer el expediente con pruebas periciales y testimonios que permitan esclarecer la cadena de mando detrás de estos hechos.

Por su parte, el actual gobierno municipal de Mexicali ha señalado que colaborará plenamente con la Fiscalía para asegurar que no exista impunidad dentro de la corporación policial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado ha reforzado la supervisión sobre las fuerzas municipales para prevenir abusos de autoridad y garantizar que el uso de la fuerza pública se mantenga estrictamente dentro de los cauces legales.

Este caso marca un precedente importante en el sistema de justicia local, al señalar directamente a quienes tenían la responsabilidad de salvaguardar a la ciudadanía. Las organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a las autoridades para que se garantice el debido proceso, pero también para que se brinde justicia pronta y reparación integral a las familias afectadas por estas desapariciones.