Greenpeace demanda detener la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo

La organización internacional Greenpeace ha intensificado sus acciones este sábado, exigiendo formalmente la suspensión inmediata de las obras de construcción de la megaplanta de amoniaco situada en Topolobampo, Sinaloa. La agrupación sostiene que el desarrollo industrial en esta zona costera representa una amenaza crítica para la biodiversidad local y el equilibrio de los ecosistemas marinos protegidos, instando a las autoridades federales a revisar los permisos ambientales otorgados.

El posicionamiento de la organización responde a las preocupaciones compartidas por diversos grupos de la sociedad civil y habitantes de las comunidades pesqueras aledañas, quienes han expresado temor ante posibles derrames o afectaciones permanentes a los bancos de moluscos y áreas de manglar. Según el reporte técnico difundido por los activistas, la magnitud del proyecto industrial no es compatible con la fragilidad ambiental que caracteriza a la bahía de Ohuira, un sitio de importancia ecológica para la región.

En el marco de esta controversia, Greenpeace solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que realice una evaluación integral y transparente sobre las repercusiones a largo plazo del complejo químico. La organización busca que se aplique el principio de precaución ante las dudas sobre los protocolos de seguridad industrial que se implementarían una vez que la planta entre en operación comercial.

Por su parte, los promotores del proyecto han argumentado en diversas ocasiones que el complejo busca fortalecer la soberanía alimentaria del país mediante la producción nacional de fertilizantes. No obstante, los defensores del medio ambiente enfatizan que el progreso económico no debe supeditarse a la degradación de los recursos naturales ni ignorar los derechos de consulta de las poblaciones locales que dependen directamente de la salud de estos ecosistemas marinos.

El conflicto se mantiene en una etapa de alta tensión mientras los colectivos esperan que la administración federal inicie un diálogo abierto que incluya estudios de impacto ambiental independientes. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido una respuesta definitiva que contemple la cancelación o modificación sustancial de las obras, dejando el futuro del proyecto en una incertidumbre técnica y legal.