Fiscalía de Campeche procederá contra 32 personas por presunto desvío millonario
Autoridades judiciales en Campeche han confirmado el inicio de procesos legales contra 32 colaboradores vinculados a un esquema de malversación de recursos públicos.
La Fiscalía General del Estado de Campeche anunció este viernes que llevará ante un juez de control a 32 personas, presuntamente involucradas en una red de desvío de recursos públicos que asciende a 270 millones de pesos. La investigación apunta a la creación de un esquema de facturación falsa para sustraer dinero del erario durante la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas en la entidad.
De acuerdo con la información presentada por las autoridades ministeriales, los implicados habrían operado a través de diversas empresas fachada, conocidas comúnmente como factureras, para simular la prestación de servicios que nunca fueron ejecutados. Este modus operandi permitió la dispersión de los fondos públicos hacia cuentas particulares, vulnerando la transparencia en el ejercicio del presupuesto estatal.
El Ministerio Público ha recabado pruebas documentales y testimoniales que vinculan a este grupo de colaboradores con la gestión irregular de partidas presupuestales. Los expedientes integrados incluyen registros contables y análisis financieros realizados por especialistas de la fiscalía local, los cuales servirán como base para solicitar la vinculación a proceso durante las audiencias iniciales que se llevarán a cabo en los próximos días.
Las autoridades señalaron que este caso forma parte de una serie de investigaciones más amplias sobre el manejo administrativo de recursos en administraciones pasadas en Campeche. El proceso legal busca determinar las responsabilidades penales individuales por los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme al marco jurídico vigente en el país.
Por su parte, la defensa de los implicados ha manifestado que esperará la notificación formal de la autoridad judicial para presentar sus alegatos y pruebas de descargo. El Poder Judicial del estado será el encargado de determinar si existen elementos suficientes para mantener las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía durante el desarrollo del proceso penal.
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