miércoles, 21 de octubre de 2026
México

Congreso de Oaxaca aprueba desaparición de poderes en Juchitán de Zaragoza

El Poder Legislativo estatal determinó la desaparición del Ayuntamiento tras el arresto del alcalde Miguel Sánchez y la intervención de autoridades federales.

Redacción Cauce
Foto: excelsior.com.mx

El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó este sábado la desaparición de poderes en el municipio de Juchitán de Zaragoza. La decisión fue tomada tras la detención del alcalde Miguel Sánchez, quien enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con actividades ilícitas que han desestabilizado la gobernabilidad en la región del Istmo de Tehuantepec.

La medida legislativa responde a la crisis de seguridad detectada en el municipio, donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó un operativo reciente. Durante las diligencias, las fuerzas federales aseguraron armamento de uso exclusivo del Ejército que se encontraba bajo resguardo de la policía municipal, lo que motivó una investigación profunda por parte de las autoridades competentes.

Tras el anuncio de la desaparición de poderes, el Congreso local procederá con la integración de un concejo municipal provisional. Este órgano tendrá la función de administrar los servicios públicos básicos y garantizar la continuidad de la gestión gubernamental hasta que las condiciones permitan convocar a nuevas elecciones extraordinarias en la demarcación.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno del estado ha hecho un llamado a la calma para los habitantes de Juchitán. Se ha desplegado un esquema de vigilancia coordinado con la Guardia Nacional y la policía estatal para asegurar el orden público y evitar actos de violencia o vandalismo en las instalaciones municipales durante el proceso de transición administrativa.

Las autoridades estatales señalaron que el objetivo principal es restaurar el estado de derecho y la transparencia en la administración de los recursos públicos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca continúa trabajando en conjunto con la instancia federal para deslindar responsabilidades sobre el equipo táctico incautado y los posibles delitos cometidos por funcionarios locales durante el periodo reciente.

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