Carencia de medición afecta el 63% de las fuentes de agua urbana
La falta de infraestructura de medición en las fuentes de abastecimiento urbano compromete la gestión hídrica nacional, mientras que una cuarta parte de las plantas potabilizadoras permanecen inactivas.
La gestión del agua en México enfrenta un desafío estructural crítico: el 63% de las fuentes destinadas al abasto urbano operan sin sistemas de medición adecuados. Esta carencia de dispositivos de control impide obtener datos precisos sobre los volúmenes de extracción y distribución, dificultando la planificación hídrica a nivel nacional y estatal frente a las exigencias climáticas actuales.
El diagnóstico sobre la infraestructura instalada revela vulnerabilidades adicionales. De acuerdo con los registros consolidados hacia el año 2024, el país contaba con 710 plantas de potabilización distribuidas en diversas regiones. Sin embargo, el 24% de estas instalaciones se encontraba fuera de servicio, lo que reduce significativamente la capacidad de garantizar agua apta para el consumo humano en los centros urbanos.
La falta de mantenimiento y la obsolescencia técnica son factores que han contribuido al cese de operaciones en estas plantas potabilizadoras. Especialistas del sector han señalado que la rehabilitación de esta infraestructura es indispensable para asegurar el derecho humano al agua, un tema que requiere coordinación estrecha entre los gobiernos municipales, estatales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Ante este panorama, diversas propuestas gubernamentales sugieren la implementación de programas de modernización para instalar medidores en fuentes de abastecimiento y reactivar las plantas inactivas mediante inversiones multianuales. El objetivo planteado por las autoridades es alcanzar un control total sobre el uso de los recursos hídricos, optimizando la eficiencia de los organismos operadores de agua potable en todo el territorio nacional.
La transparencia en el uso del agua depende directamente de la capacidad de medición y de la operatividad de las plantas procesadoras. Mientras no se logre la actualización de esta infraestructura, el riesgo de desabasto y la ineficiencia en la distribución seguirán representando una carga administrativa y social para los estados y municipios del país.
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