Afectados por caso crematorio Plenitud exigen disculpa pública a Maru Campos

Un grupo de familiares afectados por las irregularidades operativas en el crematorio Plenitud, ubicado en el estado de Chihuahua, ha solicitado formalmente a la gobernadora Maru Campos que emita una disculpa pública institucional. Los peticionarios sostienen que la falta de supervisión adecuada y las fallas en los protocolos de manejo de restos humanos han causado un daño moral profundo y prolongado en las familias de la entidad.

El caso, que ha escalado en los últimos meses debido a las denuncias sobre el incumplimiento de normas sanitarias y administrativas, mantiene a los afectados en una búsqueda de justicia administrativa. Los representantes del colectivo argumentan que la administración estatal debe asumir su responsabilidad en la omisión de inspecciones regulares a establecimientos que ofrecen servicios funerarios y de cremación, los cuales operan bajo licencias reguladas por instancias locales.

Por su parte, los afectados han señalado que no buscan únicamente una compensación económica, sino un reconocimiento oficial de las fallas del sistema de control estatal que permitieron el funcionamiento irregular del recinto. La petición fue entregada en las oficinas de la administración estatal, donde los manifestantes insistieron en la necesidad de establecer protocolos más estrictos de vigilancia sanitaria para evitar que situaciones similares se repitan en otros municipios del estado.

Hasta el momento, las autoridades estatales han indicado que el caso sigue bajo revisión por parte de las dependencias competentes para determinar las sanciones correspondientes. El equipo de comunicación gubernamental ha señalado que se encuentran evaluando las demandas de los ciudadanos para determinar las acciones legales y administrativas pertinentes conforme a la normativa vigente en Chihuahua.

Este conflicto subraya la creciente exigencia de la sociedad civil por una mayor transparencia en la gestión de servicios funerarios privados y la responsabilidad de los gobiernos estatales en la protección de la dignidad de las familias. Los colectivos han reiterado que mantendrán sus acciones de protesta pacífica hasta obtener una respuesta satisfactoria que incluya la reparación del daño moral y la garantía de no repetición.